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Derecho A  Indemnización Por La Situación En El Vertedero De Zaldibar

La sucesión de acontecimientos que han ocurrido en el vertedero operado por la empresa Verter Recycling desde el corrimiento y posterior derrumbe de residuos ha puesto de manifiesto una situación sobre la que planeaban sombras de irregularidades desde hacía tiempo.

El pasado 6 de febrero se desmoronó ladera abajo parte de la montaña de residuos del vertedero, lo que provocó que dos de los trabajadores – Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán- quedaran sepultados. 18 días después de la tragedia aún no han sido recuperados los cuerpos.

La gestión por parte de las Administraciones ha sido tardía, y tuvieron que pasar 9 días para que se encendieran todas las alarmas cuando se suspendió el partido de la Liga entre el Eibar y la Real Sociedad.

Desde ese momento, los vecinos de las poblaciones cercanas – Zaldibar, Ermua y Éibar- llevan sufriendo picores, derrames y asfixia, según relatan ante los medios, a causa de la nube tóxica que provoca los incendios prendidos en el vertedero, por lo que se les recomendó no abrir las ventanas de las casas ni practicar deporte para evitar inhalar los gases.

El amianto es un material considerado de enorme peligrosidad pues unas pocas fibras del mismo puede producir cáncer al cabo de los años. Por este motivo, la regulación sobre el depósito de residuos en vertederos es bastante restrictiva, poniendo condiciones, fijadas en el Real Decreto 1481/2001, tales como que tienen que depositarse en celdas especiales y estancas, en las que se prohíbe mezclarlos con otros residuos. En el vertedero de Zaldibar existen fundadas dudas sobre el respeto a la regulación administrativa.

De hecho, el Juzgado de Instrucción de Durango ha abierto diligencias preliminares por presuntos delitos contra el medio ambiente y los derechos de los trabajadores contra la empresa titular del vertedero, y no se descartan en los próximos días la imputación de personas vinculadas a esta sociedad. A estos posibles delitos se podría acumular el daño físico y moral que están padeciendo los vecinos de la comarca, unido al desasosiego y malestar que genera la incertidumbre sobre cualquier tipo de enfermedad respiratoria que puede ser diagnosticada dentro de unos años entre los colectivos de riesgo, tales como personas mayores y niños.

El Gobierno vasco ya ha anunciado que colaborará con la investigación judicial para dilucidar las posibles responsabilidades por estos graves hechos. Si se descubriera algún tipo de negligencia, trato de favor a la compañía, o en general, conductas que, en general, hubieran estado por debajo de los estándares mínimos que se espera de las instituciones, también los funcionarios de la Administración podrían responder tanto por la vía penal como por la vía administrativa por responsabilidad patrimonial.

BCV Lex es un despacho especializado en la defensa de víctimas de accidentes colectivos el cual ha llevado asuntos de especial relevancia sobre catástrofes medioambientales con un número indeterminado de afectados. Más información en este enlace.

Imagen: Libertad Digital

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