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Plataforma Castor

¿Los particulares pueden reclamar una indemnización?


Mucho se ha hablado del conocido como «proyecto Castor». Sin embargo, ¿Pueden los particulares afectados por los terremotos pedir una indemnización de los daños?

1. ¿Qué es el proyecto Castor?

El proyecto Castor es un depósito estratégico artificial de gas natural situado frente a la costas de Castellón y Tarragona, en aguas territoriales españolas del Mar Mediterráneo. El depósito es el quinto y más grande de los existentes o planificados en España, creado para suplir la demanda energética española de gas natural en caso de escasez o cese de las importaciones. Tiene capacidad para almacenar hasta 1.900 millones de metros cúbicos de gas natural, suficiente para suministrar el equivalente a 50 días de consumo en España.

El depósito del proyecto Castor aprovecha la existencia del antiguo yacimiento petrolífero de Amposta para inyectar en el gas proveniente de la red estatal de gaseoductos, que se desvía de la red desde una estación situada en localidad de Vinarós hasta la plataforma marina por medio de un gaseoducto, donde se inyecta a gran profundidad y presión.

El gas queda atrapado en el depósito gracias a la existencia de rocas impermeables en estratos superiores que lo sellan. Para recuperar el gas guardado en el depósito se inyecta agua, igualmente a gran presión, lo que expulsa el gas a la superficie, devolviéndose a la red tras haber sido tratado.

2. ¿Cómo se originó este proyecto?

Mediante Real Decreto 855/2008, pocas semanas después de las elecciones de marzo de 2008, el Gobierno adjudicó a la empresa ESCAL UGS los derechos de explotación de la antigua planta petrolífera de Amposta. Se trata de un bien de dominio público cuyo uso y explotación se atribuye en exclusiva mediante el Real Decreto a la entidad concesionaria.

ESCAL UGS es una empresa participada mayoritariamente por la constructora ACS, presidida por Florentino Pérez.

3. ¿Qué efectos físicos ha producido la inyección de gas?

Desde el comienzo de las actividades de inyección de gas en el antiguo yacimiento se han venido produciendo movimientos sísmicos de diversa intensidad.

La simultaneidad es uno de los elementos, pero no el único, que induce a concluir que existe más allá de toda duda razonable una relación de causalidad entre la inyección de gas y los movimientos sísmicos. Numerosos estudios científicos específicos, así como antecedentes similares en otras plataformas subterráneas de almacenamiento de gas en otros países, lo acreditan.

Incluso el Ministro de Industria llegó a declarar que hay una alta probabilidad de que exista un vínculo directo.

Muchos de los seísmos han sido muy perceptibles, generando gran alarma social, miedo y angustia en los habitantes de las zonas afectadas por los mismos.

La población potencialmente afectada es de más de 80.000 personas, tanto en el sur de la provincia de Tarragona como el norte de la provincia de Castellón.

4. ¿Qué postura ha adoptado el Gobierno?

El Gobierno, ante el incremento de los seísmos, de su intensidad, y la alarma generada en la población, acordó la suspensión de todas las actividades de inyección en la plataforma a finales del mes de septiembre de 2013.

La consecuencia inmediata de la cesación en el proceso de inyección de gas fue la disminución drástica en la frecuencia e intensidad de los terremotos.

Tras unos meses, el Gobierno está considerando el reinicio de las actividades en la plataforma. Mientras tanto, la Fiscalía está investigando el asunto y la Defensora del Pueblo ha abierto una investigación a raíz de varias denuncias.

ACS, en un intento de calmar a los accionistas, ha informado a la CNMV que durante el año 2014 está previsto el reinicio de las actividades en la plataforma. El elevado coste del proyecto de ejecución y la compleja estructura de la financiación, que incluye la participación del Banco Europeo de Inversiones (presidido actualmente por Magdalena Álvarez, Ministra de Fomento en la época en la que el Gobierno acordó la concesión), hace que los intereses económicos y políticos cruzados en este asunto sean de gran calado y alcance.

5. ¿Los particulares pueden reclamar una reparación por los daños producidos por los terremotos ocasionados por el proyecto Castor?

Cualquier persona que, como consecuencia de los terremotos, haya sufrido daños, tiene derecho a reclamarlos, tanto al Estado como a la entidad concesionaria.

El Decreto de concesión prevé la existencia de un seguro de responsabilidad civil para hacer frente a estos posibles daños, que como mínimo ha de ascender a 30 millones de euros.

6. ¿Qué daños pueden reclamarse?

Todos los daños que se acredite haber sufrido, sean materiales o inmateriales. Entre los materiales podemos indicar los daños a los bienes y propiedades (rotura de objetos, grietas en edificios, etc.), daños económicos (gastos acreditados de todo tipo, lucro cesante por pérdida de ingresos, etc.), daños morales (tensión, angustia, miedo, etc.), daños físico-psíquicos (incluyendo estrés postraumático, baja médica, depresión, tratamientos farmacológicos, etc.).

En relación con los daños morales, la legislación y jurisprudencia actual recoge numerosos supuestos en los que este tipo de reparación es posible: cortes injustificados en el suministro de gas o electricidad, venta de bienes en condiciones diferentes a las contratadas, retrasos o cancelaciones de vuelos, ruidos provocados por actividades nocturnas, etc.

En relación con los seísmos y el proyecto Castor, pueden establecerse dos consideraciones: a) Los terremotos claramente perceptibles han generado una tensión general en todas aquellas personas que los hayan sentido; b) Esta tensión viene agravada por el hecho de verse asociada directamente a una actividad humana; c) el temor permanente a que la actividad humana originadora de los terremotos se reinicie no hace sino intensificar la ansiedad ante el temor de nuevos terremotos, que finalmente puedan alcanzar intensidades suficientes para poner en peligro la vida y la integridad física de las personas.

7. ¿Quién puede reclamar?

Cualquiera que considere haber sufrido cualquiera de las tipologías puede hacerlo. Para ello, debe asesorarse debidamente por un abogado con un conocimiento contrastado en responsabilidad y en la defensa de víctimas de catástrofes colectivas de diversa índole.

Es deseable que las personas que deseen reclamar lo hagan de la manera más colectiva posible, a fin de generar en lo posible sinergias procesales, compartiendo y reduciendo los gastos asociados a la reclamación.

Si Ud. quiere unirse al grupo de afectados que está preparando una demanda, contacte de modo urgente.

8. ¿Qué plazo hay para reclamar?

Tanto si se actúa contra la Administración, como si se hace contra la empresa concesionaria, o contra ambas, el plazo es de un año, que en principio debe computarse desde que el Gobierno acordó la suspensión de las actividades en la plataforma.

Sin embargo, deben tener en cuenta que tienen de plazo hasta finales de septiembre de 2014 para reclamar. 

Si Ud. ha sido afectado por los terremotos ocasionados por el proyecto Castor, contacte de modo urgente para conocer de modo gratuito si su caso está encuadrado en los indemnizables.

Lea más sobre esta cuestión en o CONTACTE AHORA 

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