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La Responsabilidad Patrimonial del Estado es la obligación compensatoria que las Administraciones deben satisfacer a las personas perjudicadas por el mal funcionamiento de los servicios públicos.

Tanto en España como en Francia, a nivel local como nacional, los particulares pueden hacer valer su derecho a ser indemnizados. De esta manera, el Ministerio del Interior establece tres criterios para la reparación de daños corporales, económicos o morales:

Que efectivamente se haya producido una lesión o daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas; y que no tengan el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

Que el daño se haya causado como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos propios del Ministerio del Interior.

Que no haya intervenido en la relación de causa a efecto culpa del interesado, de un tercero ni fuerza mayor.

El equipo de BCVLex está formado por expertos españoles y franceses con una dilatada experiencia en este tipo de asuntos. Los ejemplos en los que, tanto ciudadanos como turistas extranjeros, han sufrido un perjuicio relacionado con la actuación o inoperancia de la Administración Pública son numerosos. Sin embargo, destacan los expedientes derivados de negligencias médicas, errores en la Administración Tributaria o de Justicia, caídas en la vía pública en mal estado, etc.

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