Las Tasas Judiciales, derrotadas. La batalla continúa
Después de tres años batallando contra el gobierno, el mundo del derecho se puede felicitar de su completa victoria al conseguir la supresión de la polémica e injusta ley de tasas judiciales aprobada por el entonces ministro Alberto Ruiz Gallardon en Febrero del 2012.
La oposición a la Ley de Tasas Judiciales
Esta Ley impuso el abono de tasas judiciales para las personas físicas que querían iniciar un procedimiento ante los tribunales de justicia. Desde todos los ámbitos jurídicos, jueces, abogados, fiscales, procuradores, se alzó un inmenso clamor en contra de su aprobación. Y ello porque cercenaba el derecho de muchos ciudadanos al acceso a una administración de justicia en condiciones de igualdad.
Tal fue la oposición a esta ley, que en diciembre del 2012 se creó la plataforma “Justicia para Todos”. Formada por el Consejo General de la Abogacía Española, El Consejo de Consumidores y Usuarios y los sindicatos UGT, CCOO, USO Y CSI-F, ha sido muy activa en la lucha contra esta ley.
Desde esta plataforma se instó la presentación por parte del Grupo Parlamentario Socialista de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Al mismo se unieron los recursos de inconstitucionalidad promovidos por la Generalitat de Cataluña y la junta de Andalucía. También, posteriormente, la Diputación General de Aragón y el Gobierno de Canarias.
Pero en esta lucha no ha estado solo el mundo del derecho y los agentes sociales españoles. Ante la clamorosa injusticia que significaba la denostada ley, se unió a la misma la Federación de los Colegios de Abogados de Europa (FBE). Su presidente, Lutz Simon, solicitó por carta al Rey de España, al Presidente del Gobierno, al Ministro de Justicia y al entonces presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, la derogación de la ley de tasas o bien la drástica reducción de las cuantías fijadas a unos límites razonables y asequibles para cualquier ciudadano.
Parcial derogación de la Ley y futuros pasos
Es de destacar que la ley de tasas, hoy parcialmente derogada, fijaba el importe para interponer un recurso de apelación en la cantidad de 800€ y para interponer un recurso de casación o extraordinario por infracción procesal la cuantía se elevaba a 1200€. Evidentemente pocas personas se podían permitir el lujo de interponer un recurso contra una sentencia que no había satisfecho sus expectativas.
En contraste con la actitud del gobierno español, en Enero de 2014 Francia eliminó parcialmente las tasas judiciales.
Finalmente la lucha de todos unidos, la abogacía española y europea, las asociaciones de jueces y fiscales, los sindicatos, las asociaciones de consumidores y los partidos políticos, han conseguido que se anule una ley que creaba una justicia para ricos, expulsando a una gran mayoría de ciudadanos e impidiéndoles ejercer sus legítimos derechos.
El Decreto 1/2015 de 17 de Febrero pone fin a casi tres años de despropósito. Lo que constituye un gran triunfo, aunque queda mucho por hacer en la administración de justicia que necesita una reforma profunda y que entre todos, quizá, podamos algún día conseguir.
