Implantes mamarios PIP
La responsabilidad de Tüv Rheinland
A comienzos del año 2010, las autoridades sanitarias francesas destaparon el escándalo de las prótesis mamarias PIP.
Con sede en Seyne-sur-Mer (Francia), cerca de Marsella, Poly Implant Prothèse (PIP) era una empresa de elaboración de implantes mamarios fundada en 1991 por Jean-Claude Mas (1939), cuya experiencia en este sector se reducía al hecho de haber sido agente comercial durante tres lustros para la compañía farmacéutica estadounidense Bristol-Myers Squibb.
Durante casi dos décadas, PIP produjo prótesis mamarias a precios reducidos, llegando a convertirse a comienzos de los años 2000 en el tercer productor mundial.
El escándalo estalló en marzo de 2010 cuando, alertada por los cirujanos que habían constatado el alto porcentaje de roturas en las prótesis marca PIP, las autoridades francesas descubrieron que las prótesis mamarias estaban fabricadas con un un gel industrial no homologado, una silicona para uso industrial, altamente tóxica, prohibida por la Agencia Francesa del Medicamento (ANSM según sus siglas originales) para cualquier tratamiento clínico. Esta silicona industrial se emplea habitualmente como aditivo para carburantes y para la fabricación de tubos de caucho y su coste era aproximadamente diez veces menor que el gel homologado. Eso suponía un ahorro de casi un millón de euros anuales para la empresa, pero a cambio el porcentaje de roturas de las prótesis era superior al doble.
Tras el escándalo, diversos procedimientos civiles y penales se iniciaron en Francia a los efectos de exigir responsabilidades.
La instrucción penal dio lugar a un juicio en el que el fundador de PIP (por entonces ya quebrada) fue condenado en diciembre de 2013 a cuatro años de cárcel y 75.000 euros de multa. Dicha sentencia se encuentra actualmente apelada.
Por su parte, grupos de familiares, algunos de ellos representados por nuestro despacho, interpusieron diversas acciones en responsabilidad civil por los daños sufridos por los implantes mamarios PIP.
El objetivo primario obvio era la propia PIP. Sin embargo, con la sociedad quebrada y con un seguro de responsabilidad civil insuficiente y de dudosa cobertura, era necesario seguir investigando.
Así, las demandas se ampliaron contra la empresa certificadora, la entidad alemana TÜV RHEINLAND, que obviamente había fallado estrepitosamente a la hora de auditar los procesos de fabricación y de la calidad de PIP.
Finalmente, el 14 de noviembre de 2013, el Tribunal de Gran Instancia de Toulon ha condenado a la certificadora TÜV RHEINLAND como responsable de los daños causados a un amplio grupo de mujeres portadoras de dichos implantes, así como los daños igualmente causados a tres empresas distribuidoras de los implantes en Brasil, Italia y Bulgaria.
La condena incluye una indemnización básica de 3.000 euros para cada mujer portadora, por el mero hecho de serlo y aunque no haya sufrido daño físico alguno causado por el implante. A esta indemnización habrán de añadirse todos los daños materiales soportados, incluyendo los gastos médicos de una posible sustitución, así como cualquier otro daño físico o psíquico adicional que haya podido causarse, para lo cual el Tribunal ha ordenado la realización de un peritaje médico individual. Igualmente, el Tribunal ha condenado a la entidad demandada a una contribución a los costes del proceso judicial.
Nuestro despacho, en estrecha colaboración con otros grupos de abogados, ha representado a un grupo de víctimas beneficiarias de dicha decisión favorable, que ya ha sido ejecutada provisionalmente, y trabaja actualmente con otros grupos de víctimas, con la red internacional de abogados de víctimas Global Justice Network Ltd, de cara al lanzamiento de nuevas acciones judiciales.
En España, BCVLex está colaborando estrechamente con el despacho de Valencia López Abogados (www.lopezabogados.es). Se trata de un despacho joven y enérgico dirigido por los Letrados Lorena López Yuste (con dedicación preferente en las áreas de Derecho Civil, de Familia, y Penal) y Pedro Navarro Colorado (experimentado en Responsabilidad Civil, Seguros, negligencias médicas, entre otros).
Desde que salto la alarma sanitaria en Marzo de 2010, López Abogados ha estado intensamente implicado en la problemática derivada de las prótesis mamarias PIP. En representación de numerosas mujeres, así como de otros perjudicados, han tramitado procesos en responsabilidad, tanto en el ámbito civil como en el administrativo y el penal.
Asimismo, BCVLex ha contado en este proceso con la colaboración del despacho de Zaragoza MENDO ABOGADOS (www.mendo.es), formado por un grupo multidisciplinar de profesionales del derecho y la empresa con vocación internacional que desde la aparición de este problema sanitario en España ha venido ocupándose de la defensa de los intereses de afectadas por el fraude de las prótesis PIP.
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