La Protección De Los Adultos: tutela, curatela y salvaguarda de la justicia
Algunos adultos, debido a una alteración en sus facultades mentales o físicas, pueden verse incapaces de manejar sus asuntos por sí mismos. Para protegerlos, existen varios regímenes de protección legal, entre ellos la tutela, la curatela y la salvaguardia de la justicia.
Cualquier medida de protección debe adoptarse en interés exclusivo de la persona afectada. Se trata de respetar su dignidad, su autonomía y sus derechos fundamentales, protegiéndolo frente a terceros de abusos y peligros. Además, la medida de protección elegida debe ser proporcional al grado de vulnerabilidad de la persona. Por lo tanto, es esencial no restringir las libertades civiles y de propiedad más de lo necesario.
Con el fin de determinar de la mejor manera posible la medida necesaria para la persona interesada, la aplicación de una medida de protección se basa en un informe médico que acredite la alteración de las facultades mentales o físicas de la persona, lo que imposibilita la gestión de sus intereses. Así, dependiendo de si el deterioro de las facultades es permanente o no, es posible designar una u otra medida de protección.
La tutela: una medida de protección reforzada
La tutela es el régimen de protección más restrictivo, destinado a las personas con la discapacidad más significativa. La solicitud de tutela se dirige al juez y debe ir acompañada de un certificado médico detallado. El juez nombra un tutor, que puede ser un familiar o, en su defecto, un tutor profesional. El tutor es responsable de proteger a la persona y administrar sus bienes. Por lo tanto, el tutor toma todas las decisiones importantes relacionadas con la vida diaria y los bienes de la persona protegida. Esto incluye la administración de cuentas bancarias, la venta de bienes raíces y las decisiones relacionadas con la salud. El tutor, la persona protegida o cualquier otra parte interesada puede solicitar una revisión de la tutela, en particular si el estado de salud de la persona mejora o si una medida de protección menos restrictiva resulta suficiente.
La curatela: una medida de asistencia
La curatela es un régimen de protección intermedio, destinado a las personas que necesitan ayuda en la gestión de sus asuntos pero que no están totalmente incapacitadas para hacerlo. Se configura de la misma manera que una tutela, con el sustento de un informe médico sobre el deterioro de las facultades de la persona. El juez nombrará a un curador para asistir a la persona protegida, que puede ser un familiar o un profesional designado por el juez. Se puede solicitar al juez en cualquier momento que revise los términos de la curatela, dependiendo de las necesidades y condiciones de la persona protegida.
El defensor judicial
La defensa judicial es una medida de protección temporal y leve, destinada a las personas cuyas facultades se encuentran temporalmente deterioradas o que requieren protección inmediata a la espera de una medida más adecuada. Al amparo de la justicia, la persona conserva en principio su capacidad jurídica, pero los actos que realiza pueden ser anulados o revisados si se considera que son perjudiciales para sus intereses. Es una figura igualmente utilizada en caso de conflicto de interés entre la persona protegida y su representante, o cuando este no cumple con sus funciones.
El papel del abogado en la aplicación de las medidas de protección de adultos
Un abogado con experiencia podrá asesorarle sobre de los derechos y obligaciones específicos de su situación, con el fin de gestionar cuestiones relacionadas con la protección de los adultos. Este apoyo le permitirá tomar las mejores decisiones en interés de la persona en cuestión. En BCV Lex, nuestros equipos de Burdeos y Madrid están a su servicio y intervienen en toda Francia y España para defender sus intereses.
