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Conflicto Entre Normas Conflictivas.

Artículo originalmente publicado en ingles.

En este artículo, utilizaré uno de muchos ejemplos que revelan cómo el reglamento Roma II crea discrepancias entre reglas de conflictos: artículo 28 (2). Intentaré explicarme con dos ejemplos.

UN EJEMPLO:

El 10 de enero de 2012, Mr. Bond, Mr. James Bond, ciudadano de Reino Unido nacido en Australia con residencia oficial en Dordogne (Francia) decide irse de vacaciones con su novio, Mr. Clouseau, ciudadano francés con residencia en Biarritz (Francia).

Utilizaron el coche de Mr. Clouseau, un Citröen 2CV amarillo, registrado y asegurado en Francia. Mientras disfrutaban de uno de los múltiples maravillosos lugares de España, decidieron aprovechar la ocasión y parar en Valencia y degustar la famosa paella valenciana. Antes de llegar, todavía en la autovía, el coche fue violentamente golpeado por detrás por un autobús de transporte público del municipio de Valencia, asegurado por una compañía de seguros española.

Mr. Clouseau, que estaba conduciendo en el momento del accidente, salió totalmente ileso. Desafortunadamente, no fue el caso de Mr. Bond (sentado al lado del conductor y llevaba su cinturón de seguridad), que sufrió un traumatismo craneal y lesiones cerebrales. Las investigaciones de la policía determinaron que el accidente fue directamente causado por la negligencia cometida por el conductor del autobús.

Después de varias semanas de hospitalización en España, Mr. Bond fue transferido a otro hospital en Biarritz mientras su seguro social francés avanzaba todos los gastos médicos. Una vez estabilizado, Mr Bond se trasladó a Australia para continuar el proceso de recuperación. Como resultado del accidente, Mr Bond soportó una pérdida de ingresos pasados y futuros muy importante.

PREGUNTAS:

Este caso plantea varias cuestiones determinantes. La más obvia es la de identificar al demandado y en consecuencia, la jurisdicción y ley aplicable. Estas preguntas no son independientes sino que están vinculadas entre sí.

Primero, ¿quiénes son los potenciales demandados? A primera vista, está claro que el conductor del autobús y la compañía aseguradora deben ser considerados responsables, dado que el primero causó el accidente.

Pero, ¿es posible que considerar al conductor del coche (y obviamente su seguro) directamente responsables de los daños causados a los pasajeros que ocupaban el vehículo? Para este supuesto, asumiremos que la Directiva europea sobre seguros de vehículos a motor impone indirectamente una responsabilidad del conductor estricta y objetiva sobre los daños causados, no sujeta a la comisión de una falta o negligencia.

Esto significa que Mr. Bond podría eventualmente demandar a Mr. Clouseau y su compañía de seguros, una posibilidad que Mr. Bond estaría dispuesto a utilizar después que Mr. Clouseau decidiese terminar su relación con él.

PROBLEMAS:

¿La ley aplicable sería la misma a ambos lados de los Pirineos? Es una pregunta interesante. Tenemos aquí reglas de conflicto potenciales que podrían aplicarse, la primera siendo la que alberga el Reglamento Roma II y la segunda, el Convenio de la Haya del 4 de mayo de 1971 sobre la ley aplicable a accidentes de tráfico.

Basándonos en el Reglamento 1215/2012, las partes residentes en Francia (el conductor del coche y su compañía de seguros) pueden ser demandadas en Francia y las partes residentes en España (el conductor del autobús y la compañía de seguros del municipio) pueden ser demandadas en España.

Si Mr. Bond iniciase una acción contra el conductor de autobús y su compañía de seguros en España, entonces, ambas reglas de conflicto llevarían a aplicar la ley española; ¿por qué?

La disposición general básica de Roma II establece que:

Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, la ley aplicable a una obligación extracontractual que se derive de un hecho dañoso es la del país donde se produce el daño, independientemente del país donde se haya producido el hecho generador del daño y cualesquiera que sean el país o los países en que se producen las consecuencias indirectas del hecho en cuestión”.

La aplicación del Convenio de la Haya en su artículo 3 nos lleva a la misma solución: “la ley aplicable es la ley interna del país donde el accidente ocurrió”. Ninguna de las excepciones de esta regla, establecidas al artículo 4, se aplica al caso. La ley española sería sin duda aplicable si la demanda fuese interpuesta en España contra el conductor de autobuses y el seguro.

Pero, ¿qué pasaría si Mr. Bond iniciase una demanda en Francia en contra de su antiguo novio Mr. Clouseau y su compañía de seguros? En este escenario, el reglamento Roma II dispone en su artículo 4 (2) que “cuando la persona cuya responsabilidad se alega y la persona perjudicada tengan su residencia habitual en el mismo país en el momento en que se produzca el daño, se aplicará la ley de dicho país”. Por lo tanto, en caso de aplicación del Convenio de la Haya, entonces el articulo 3 sería aplicable y los tribunales franceses deberían aplicar la ley española.

 ¿FRANCIA O ESPAÑA?

 La diferencia de resultados entre jurisdicciones es sustancial, especialmente en lo que concierne a la evaluación de daños. La evaluación del lucro cesante en Francia está basado en un cálculo actuarial, que no está muy alejado de lo que sucede en Reino Unido con la Tabla de Odgen. En España, las cosas son muy diferentes: una escala de valoración de daños, comúnmente llamada Baremo, es de aplicación obligatoria para los accidentes de tráfico y además comúnmente utilizada por los tribunales a la hora de evaluar todo tipo de daños personales; sin embargo este sistema ignora considerablemente el lucro cesante sufrido (afortunadamente, un nuevo Baremo está a punto de entrar en vigor).

 ¿REGLAMENTO O CONVENIO?

 El reglamento Roma II contiene una regla de compatibilidad en su artículo 28 que establece en el primer párrafo:

 “El presente Reglamento no afectará a la aplicación de los convenios internacionales en que sean parte uno o más Estados miembros en el momento de la adopción del presente Reglamento y que regulen los conflictos de leyes en materia de obligaciones extracontractuales”.

 A la vista del mismo, esta disposición general daría prioridad a la aplicación del Convenio sobre el Reglamento, dado que ambos países, Francia y España, ratificaron el Convenio. Sin embargo, si continuamos la lectura, el segundo párrafo del artículo 28 establece:

 “No obstante, por lo que respecta a las relaciones entre Estados miembros, el presente Reglamento, en la medida en que afecte a las materias reguladas por el mismo, primará frente a los convenios celebrados exclusivamente entre dos o más Estados miembros”.

 El quid de la cuestión aquí gira en torno al significado exacto de los “convenios celebrados exclusivamente entre dos o más Estados miembros” y particularmente, del adverbio “exclusivamente”.

 ¿Significa esto que el Reglamento se aplicará solamente si el Convenio en conflicto fue ratificado por los Estados miembros, independientemente de que sus leyes estén involucradas en el conflicto de leyes o no? ¿O significa que el alcance del conflicto de leyes se limita exclusivamente a los Estados Miembros?

 Si bien la lectura literal de este párrafo (cuya redacción es obviamente discutible) podría llevarnos a pensar que la disposición no será aplicable cuando Estados terceros de la UE hayan ratificado el Convenio, una comprensión basada en un razonamiento lógico, siguiendo los objetivos y la supremacía de la legislación europea, nos llevaría a determinar que si dos Estados Miembros están sometidos al Reglamento, y el conflicto de leyes se limita a ambos Estados, el Reglamento debería prevalecer por razones de uniformidad, uno de los objetivos principales del mismo Reglamento. Sólo si el conflicto de leyes implicase la potencial aplicación de la ley de un país tercero, el Convenio debería aplicarse. Además, una interpretación literal del precepto derivaría en su práctica inaplicación, dado que no es frecuente encontrar Convenios multilaterales sobre una determinada materia suscritos únicamente por Estados Miembros.

OTRO EJEMPLO

 Pensemos esta vez en una colisión en Alemania entre dos coches, ambos registrados en Francia con pasajeros residentes en Francia, con un tercer vehículo registrado en Alemania. Si la demanda fuese interpuesta en Alemania, el Reglamento se aplicaría dado que Alemania no firmó el Convenio, dando lugar a la aplicación de la ley francesa con respecto a los conductores y víctimas, debido a su residencia en Francia. Sin embargo, si la demanda fuese interpuesta en Francia, el Convenio (que Francia sí ratificó) conduciría a la aplicación de la ley alemana debido al hecho de que los vehículos involucrados no están registrados en el mismo Estado.

ABSURDO

 Dado que la ley alemana daría lugar a una compensación del daño moral menos favorable que la ley francesa, en el caso expuesto resultaría más favorable para las víctimas residentes en Francia iniciar acciones judiciales en Alemania (donde se aplicaría la ley francesa a tenor de lo dispuesto en el Reglamento), ya que en Francia se aplicaría la ley alemana por aplicación del Convenio.

CONTRASENTIDO

 Hay una diferencia entre éste secundo ejemplo y el primero presentado. Alemania no es firmante del Convenio, pero España sí. Entonces, mientras que la jurisdicción alemana podría únicamente aplicar las disposiciones del articulo 4 (2) del Reglamento (es decir, la ley de los conductores y pasajeros, común país de residencia habitual, que llevaría a aplicar la ley francesa) las jurisdicciones españolas y/o francesas aplicarían las disposiciones de los artículos 3 y 4 (b) del Convenio, según la estricta interpretación del artículo 28 (2) del Reglamento, que daría lugar finalmente a la aplicación de la ley española.

 Como puede observarse, el articulo 28 (2) del Reglamento tiene una gran relevancia, así como plantearse si su interpretación debe realmente orientarse a la exclusión de la aplicación del propio Reglamento.

 El Convenio no fue ratificado exclusivamente entre Francia y España como Estados miembros, ni exclusivamente entre Francia, España y otro Estado miembro. Doce Estados miembros de la UE forman también parte del Convenio, lo que significaría que el Reglamento no se aplicaría nunca para estos doce Estados miembros.

 Este parece ser el sentido del adverbio “exclusivamente”, que sintácticamente, no permite otra interpretación. No obstante, resulta lógicamente sorprendente que la redacción del artículo 28 (2) conduzca a considerar que los Estados miembros de la UE no puedan aplicar entre ellos el Reglamento comunitario, por la ratificación de un Convenio con países que no forman parte de la UE.

 ¿No será más acorde con el principio de primacía del derecho comunitario, priorizar el Reglamento sobre los Convenios concluidos anteriormente entre dos o más Estados Miembros? Dicho de otra manera, el Reglamento debería únicamente aplicarse con prioridad al Convenio cuando este último haya sido acordado entre Estados Miembros de la UE y Estados terceros.

COUR DE CASSATION

 Ésta no es, sin embargo, la solución consagrada por el Tribunal Supremo francés en una decisión del 30 de abril de 2014, en un caso similar al ejemplo mencionado anteriormente sobre un accidente en España. La Cour de Cassation estimó que:

 “el Convenio de la Haya…al no haberse firmado exclusivamente entre Estados miembros de la Unión Europea, sino también con Estados terceros, el Reglamento 864/2007 no tiene primacía sobre este, por lo que no afecta la aplicación del Convenio….”

 No cabe duda de que el debate sobre el significado a atribuir a la palabra “exclusivamente” sigue abierto; en nuestra opinión, un potencial planteamiento de cuestión prejudicial podría producirse, cuando la oportunidad se presente, ante la Tribunal de Justicia Europeo. Podría formularse como sigue:

 ¿Debería el artículo 28 (2) del Reglamento (EC) No 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de Julio de 2007 sobre la ley aplicable a obligaciones extracontractuales (Roma II) interpretarse como excluyendo la aplicación de las reglas de conflicto establecidas por dicho Reglamento a favor de otro Convenio internacional previamente firmado entre diferentes Estados, miembros y no miembros, en el caso de que el litigio sólo involucrase a Estados miembros que ratificaron este Convenio internacional?

 En el caso de que la respuesta consistiese en cambiar la palabra “exclusivamente” hacia atrás en la disposición, aparecería una nueva disposición:

 “No obstante, entre Estados Miembros, el presente Reglamento, primará exclusivamente frente a los Convenios celebrados entre dos o más Estados miembros, en la medida en que dichos Convenios atañan una materia tratada en el Reglamento”.

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